domingo, 5 de octubre de 2014

Autobuses del transporte público circulan a pesar de ser irregulares: Frosev

Opción de Veracruz Virtual
Xalapa, Ver.


Más del 90 por ciento de los autobuses del transporte público en la entidad circulan en condiciones irregulares por no contar con los trámites administrativos exigidos por Tránsito Estatal y Transporte Público, dijo Miguel Ángel Aguilar Garduño, dirigente de la Federación Revolucionaria de Organizaciones Sindicales del Estado de Veracruz (Frosev).
Incluso, aseguró que posiblemente se trate del 100 por ciento de las unidades, pues difícilmente los concesionarios o dueños de autobuses realizan toda la tramitología, incluida la verificación vehicular y el cobro ilegal de 6 pesos en la tarifa preferencia que es de 5.50 pesos.
Sostuvo que se trata de una anarquía total entre los camioneros del transporte público, pues además de no cumplir con la tramitología oficial incurren en otras faltas, como la de cambiar entre las unidades las cartulinas del “hoy no circula” para que diariamente todos los autobuses trabajan.
Abundó que los taxistas, en especial los de su organización, han sido respetuosos y ordenados al obedecer y realizar los trámites que se les exigen para el debido funcionamiento en beneficio de los usuarios.
Sin embargo, recalcó que los ruleteros aún sufren del acoso constante de algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que valiéndose de pasamontañas se cubren sus rostros para acosar a los choferes.
Por su parte, reiteró que los camioneros del transporte público a pesar de sus anomalías rara vez son retenidos o sancionados por las autoridades que sobre todo han permitido que la tarifa preferencial no se respete.
Comentó que ninguno de sus agremiados ha incurrido en delitos o faltas graves que ameriten la retención o aprehensión, además de que se encuentran limpios de cualquier vínculo con la delincuencia organizada.
El líder de transportistas también habló de la marcha atrás a la iniciativa de regular las marchas y manifestaciones al recalcar que esta medida atentaba totalmente contra un derecho plasmado legalmente en la Carta Magna.
Precisó que el regular las manifestaciones no era posible, pues de manera inicial la simple protesta atentaba contra uno de los derechos de los ciudadanos.
Por último, aseguró que la propuesta estaba destinada al fracaso debido a que de entrada contaba con muchas anomalías que anunciaban su desapruebo o marcha atrás, como finalmente sucedió.